Canadá aumenta deportaciones en 2026: récord histórico y cambios radicales en el sistema de asilo

Descubre cómo los nuevos cambios en el sistema de asilo marcan un antes y un después en la migración en Canadá.

Por Ana Rodríguez

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Canadá aumenta deportaciones en 2026: récord histórico y cambios radicales en el sistema de asilo

Canadá entra en una nueva etapa de enforcement migratorio


El sistema migratorio canadiense atraviesa una transformación acelerada que está redefiniendo la manera en que el país procesa solicitudes de refugio, controla el estatus migratorio y ejecuta deportaciones.

Durante años, Canadá proyectó internacionalmente una imagen de apertura hacia refugiados y migrantes. Sin embargo, las cifras recientes muestran un cambio importante en prioridades políticas y administrativas.

Según datos oficiales de la Canada Border Services Agency (CBSA), el país ejecutó 23,160 deportaciones durante 2025, la cifra anual más alta en más de una década y un aumento de aproximadamente 33% respecto a 2024.

Los primeros meses de 2026 muestran que la tendencia continúa.

Entre enero y marzo ya se reportaron más de 5,260 deportaciones adicionales, mientras el gobierno federal avanza con nuevas restricciones introducidas por la ley C-12, oficialmente denominada Strengthening Canada’s Immigration System and Borders Act.

La combinación de nuevas reglas legales, acumulación histórica de solicitudes pendientes y presión política sobre el sistema migratorio está modificando profundamente la experiencia de miles de personas que viven actualmente en Canadá bajo estatus temporal o procesos de refugio.


Quebec y Toronto concentran gran parte de las expulsiones


Las deportaciones no están distribuidas uniformemente en el país.

Los datos oficiales muestran que Quebec concentró casi la mitad de todas las expulsiones ejecutadas durante 2025, con más de 10,600 casos registrados.

El área metropolitana de Toronto ocupó el segundo lugar nacional, superando las 7,100 deportaciones.

Especialistas migratorios explican que esto refleja principalmente dos factores:

la concentración histórica de solicitantes de refugio en Montreal y Toronto, y la acumulación de expedientes pendientes dentro de esas regiones durante los últimos años.

El aumento de casos procesados y removidos también coincide con mayores recursos destinados al enforcement migratorio y con presión política creciente para reducir el atraso del sistema.


La ley C-12 cambió el funcionamiento del sistema de asilo


El elemento más controversial de la nueva legislación es la llamada “regla del año”.

La medida establece que las personas deben presentar su solicitud de asilo dentro del primer año desde su llegada a Canadá para poder acceder a una audiencia completa ante la Immigration and Refugee Board (IRB).

La controversia aumentó porque la disposición tiene efectos retroactivos.

Las nuevas reglas afectan a personas que ingresaron al país desde junio de 2020 y que presentaron ciertas solicitudes después de junio de 2025.

Para abogados especializados en inmigración, esto altera de manera importante el funcionamiento tradicional del sistema canadiense de refugio.

Personas que durante años vivieron legalmente en Canadá con permisos de estudio, trabajo o estadías temporales ahora podrían quedar excluidas de una audiencia completa ante la IRB simplemente por la fecha en que iniciaron su proceso.

La ley también introdujo restricciones adicionales para quienes ingresen desde Estados Unidos por puntos fronterizos no oficiales y no presenten una solicitud de asilo dentro de plazos específicos.


Las cartas enviadas por IRCC generaron alarma entre solicitantes


Poco después de la entrada en vigor de la ley, Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) comenzó a enviar miles de cartas de “debido proceso” a solicitantes potencialmente afectados.

El propio gobierno reconoció que aproximadamente 30,000 personas podrían verse impactadas por las nuevas disposiciones.

Las notificaciones advertían que ciertos casos podrían dejar de ser escuchados por la IRB y que los afectados debían responder dentro de plazos muy reducidos para evitar consecuencias migratorias graves.

Diversos abogados migratorios describieron el proceso como generador de “pánico masivo”, especialmente entre familias que llevaban años establecidas en Canadá mientras esperaban decisiones sobre sus expedientes.

Muchas de estas personas ya trabajaban, estudiaban o tenían hijos nacidos en el país.


La PRRA se convierte en el último recurso antes de la deportación


Las personas consideradas inelegibles para una audiencia completa pueden ser derivadas hacia una Pre-Removal Risk Assessment (PRRA), conocida en español como Evaluación de Riesgo Previa a la Remoción.

Aunque sigue siendo un mecanismo de protección importante, abogados especializados señalan que ofrece menos garantías procesales que el sistema tradicional de refugio.

En muchos casos:

  • no existe automáticamente una audiencia oral,
  • el análisis se basa principalmente en documentación escrita,
  • y las posibilidades de aprobación son considerablemente menores.

Aun así, la PRRA continúa siendo fundamental para personas provenientes de países donde Canadá enfrenta restricciones humanitarias o diplomáticas para ejecutar deportaciones inmediatas.

Los casos relacionados con conflictos armados, violencia extrema o crisis humanitarias complejas siguen representando algunos de los expedientes más sensibles dentro del sistema migratorio canadiense.


El Tribunal Federal enfrenta presión récord


La expansión del enforcement migratorio también está aumentando rápidamente la carga judicial federal.

Hacia finales de 2025, más de 23,000 casos migratorios permanecían pendientes ante el Tribunal Federal de Canadá.

Los asuntos relacionados con inmigración representaban aproximadamente el 82% de toda la carga activa del tribunal federal, según datos judiciales reportados públicamente.

Abogados especializados advierten que la implementación de la ley C-12 podría generar una nueva ola de revisiones judiciales y desafíos constitucionales relacionados con el debido proceso, el acceso a audiencias completas y la protección de derechos fundamentales.

La preocupación central es que el sistema judicial no tenga capacidad suficiente para absorber el volumen creciente de litigios migratorios durante los próximos años.


Canadá redefine su política migratoria bajo presión política y administrativa


El gobierno federal sostiene que las reformas buscan preservar la integridad del sistema migratorio y reducir abusos dentro del sistema de asilo.

Según cifras oficiales, Canadá acumulaba más de 300,000 solicitudes de refugio pendientes hacia finales de 2025, mientras la capacidad anual de procesamiento de la IRB seguía siendo considerablemente menor.

Las autoridades argumentan que las nuevas medidas buscan acelerar decisiones y concentrar recursos en casos considerados legítimos.

Sin embargo, organizaciones de apoyo a refugiados y asociaciones legales sostienen que las reformas están modificando profundamente el equilibrio histórico entre control fronterizo y protección humanitaria.

El debate ya no gira únicamente alrededor de inmigración o seguridad.

También cuestiona hasta qué punto Canadá está dispuesto a redefinir el papel que históricamente ha mantenido como país receptor de refugiados y solicitantes de protección internacional.


Un sistema bajo tensión que redefine la experiencia migratoria


Para miles de inmigrantes, trabajadores temporales y solicitantes de asilo, los cambios de 2026 representan mucho más que una modificación administrativa.

Representan un entorno migratorio más incierto, más acelerado y considerablemente más estricto.

La combinación de enforcement récord, nuevas barreras legales y retrasos judiciales está transformando la experiencia de quienes buscan construir una vida en Canadá.

Y aunque el gobierno insiste en que las medidas son necesarias para sostener el sistema, abogados, organizaciones humanitarias y comunidades migrantes advierten que el impacto humano podría sentirse durante muchos años.


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